Por Diana Vela Almeida y Melissa Moreano Venegas

El banquero Guillermo Lasso ha conquistado la presidencia del Ecuador en medio de una pugna política entre las izquierdas del país. En esa pugna es desde donde nos preguntamos: ¿cómo se logran acuerdos, alianzas y, sobre todo, cómo se construye una base social y ecológica mutuamente transformadora para hacer frente a los devastadores efectos del neoliberalismo? 

Con un inesperado resultado, Guillermo Lasso, representante de la oligarquía, ganó la presidencia del Ecuador el pasado 11 de abril. Esta noticia fue sorpresiva frente a la devastación neoliberal que vive el país actualmente. El partido de Lasso fue un aliado indispensable del gobierno saliente de Lenin Moreno quien, junto a las élites económicas y mediáticas, configuró una crisis económica tan o más devastadora que la de 1999 y una crisis sanitaria que ha convertido al país en uno de los epicentros con más contagios y muertes por Covid-19 en Latinoamérica.

Su victoria sin duda no sólo es una derrota para el progresismo, sino para las izquierdas ecuatorianas en sentido amplio. Las izquierdas fueron incapaces de generar coaliciones estratégicas y establecer contrahegemonía al tejido neoliberal que se ha consolidado en el país, a pesar del cercano levantamiento popular de Octubre del 2019. Este levantamiento ha sido una de las protestas históricas más amplias que ha experimentado el Ecuador en contra de las medidas de austeridad y de las políticas fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, en los próximos cuatro años Guillermo Lasso probablemente continuará con un programa exhaustivo de austeridad, corporativización del estado y privatización de lo público, sostendrá el mandato del FMI e impulsará con vehemencia tratados de libre comercio en el país.

Esta también es una gran derrota para las izquierdas en toda Latinoamérica, quienes veían expectantes la nueva consolidación del progresismo en la región. Al contrario, las deferencias especiales en Twitter del presidente electo del Ecuador a los gobiernos de derecha o ultraderecha de Sebastián Piñera, Iván Duque y Jair Bolsonaro dicen mucho sobre la alineación geopolítica que Lasso tendrá en la región. Esta es una muestra más de cómo los gobiernos de derecha se siguen legitimando discursivamente a través de una supuesta lucha contra la corrupción, el excesivo estado, y a favor de la libertad económica; muy a pesar de sus políticas sociales catastróficas. Nos queda cuestionar sobre cómo se puede llegar a un resultado tan paradójico.

Quien detenta el poder político no debería ser un tema menor para los ecologismos. La pandemia nos ha demostrado que en el proceso de recuperación y fortalecimiento de lo público y lo colectivo, importa mucho quiénes dirigen los gobiernos en la región. Puntualizar esto es fundamental porque la manera en que se defienden o disputan ciertos proyectos políticos desde la organización social depende también de contra quiénes se lucha políticamente y las respuestas que se generan. La resistencia popular presenció cómo los gobiernos de Bolsonaro en Brasil (2019-), Moreno en Ecuador (2017-2021), y Áñez en Bolivia (2019-2020) acumularon en su historial crímenes de lesa humanidad y muertes violentas por la represión policial de una amplia protesta popular. Estos gobiernos también han conducido a sus países a la necropolítica de las medidas de austeridad: violencia lenta y muerte a través de una enorme desigualdad, beneficios obscenos a las élites económicas y el avance depredador contra la naturaleza.

Rechazo a las políticas del FMI, Octubre 2019. Créditos: Iván Castaneira.

La temporada electoral y fracturas en las izquierdas ecuatorianas 

La temporada electoral mostró las consecuencias de la profunda grieta política que existe entre una izquierda progresista y una izquierda en férrea oposición a esta, una fractura conflictiva heredada de la década en la que Rafael Correa estuvo en el poder (2007-2017). Este legado se traduce en la opinión pública a través de dos etiquetas reduccionistas y maniqueas en las izquierdas: “correísmo” y “anti-correísmo”.

El problema es que esta perversa dicotomía ha oscurecido cualquier análisis serio de los diez años del progresismo en Ecuador y, más peligroso aún, ha desconfigurado las posibilidades de construir luchas emancipadoras anticapitalistas entre todas las izquierdas. Esto se debe a que para cada parte, existe un enemigo incluso peor que el modelo capitalista: la “otra izquierda” dentro de la dicotomía. En el proceso, la visión más amplia de la lucha se pierde en una amarga disputa que permite a jugadores peligrosos de derecha, como Lasso, deslizarse en el vacío entre las izquierdas.

De hecho, el conteo electoral de la segunda vuelta presidencial puede leerse como el resultado una configuración de votación bastante inusual que había ofrecido tres opciones: la derecha, el progresismo correista, y el voto nulo promovido por una “tercera vía” anti-correista. Junto al amplio margen de votos nulos, los resultados electorales también indican una tendencia creciente a la derechización del voto popular en los últimos años. Ambos segmentos de votos fueron determinantes para la elección de Lasso.

Lo que nos queda es entender los resultados electorales dentro de procesos políticos más amplios, y en lo que parece ser el fortalecimiento de la narrativa neoliberal en grupos marginalizados y organizaciones sociales fragmentadas.

¿Por qué se dieron estas fracturas en la izquierda amplia que llegó a forjar una de las constituciones más progresistas en el mundo en 2008? Esta pregunta es necesaria porque creemos que estas fracturas deben ser contextualizadas para desafiar a la opinión pública maniquea, de lo contrario no existe lugar para balances justos, ni matices y tampoco se promueve el reconocimiento de errores o desatinos de ninguna de las partes. Entender esto también es vital para el ecologismo porque esta dinámica asfixiante nos niega posibilidades de imaginar horizontes de lucha ecológica dentro de la complejidad política, la lucha a largo plazo contra las lógicas destructivas del neoliberalismo y la disputa por el sentido común anticapitalista.

Los diez años de gobierno de Rafael Correa son controversiales porque, por un lado, significaron la posibilidad de democratización económica a través de la redistribución de las rentas nacionales y la atención de deudas históricas producto de las desigualdades sociales. También implicaron la construcción de geopolíticas soberanas a través del apoyo a la integración latinoamericana, la renegociación de deudas externas ilegítimas y contratos petroleros abusivos. Por otro lado, significaron la profundización de la dependencia a través de la expansión del extractivismo petrolero, el inicio del extractivismo mega-minero y el fomento al agro-negocio en el país. La expansión del extractivismo en el país incrementó las zonas de sacrificio y vulneró la vida de poblaciones marginalizadas, y cuyas resistencias fueron violentamente criminalizadas.

Correa también fortaleció el estado y la recuperación de la esfera pública en un país que por largos años había experimentado su devastadora ausencia. Esto se logró a través de la consolidación de las capacidades operativas y presupuestarias para la planificación, ejecución, regulación y control en todos los niveles de gobierno; pero que, a la vez, buscó imponer una visión estado-céntrica, unilateral y tecnocrática de país dentro de un estado plurinacional con territorialidades diversas. El fuerte enfoque estatal de Correa buscó anular o asimilar a la sociedad organizada, incluyendo al movimiento indígena, a los sindicatos y a las organizaciones anti-extractivistas. Es probable que este desenlace haya derivado en una ruptura irreconciliable entre las izquierdas del país.

Por otro lado, el denominado anti-correísmo tiene razones legítimas para rechazar a Correa. Particularmente el movimiento feminista enfrentó por años al conservadurismo católico de Correa, y el movimiento indígena y las comunidades afectadas por el extractivismo acumularon experiencias vividas de deslegitimación y desposesión violenta.

Protesta en contra de la minería en Pacto, Ecuador, 2020. Créditos Iván Castaneira.

Convergencias peligrosas

En varios momentos, sin embargo, la convergencia alrededor de un anti-correísmo ferviente hizo que tanto ciertas izquierdas opositoras como derechas oportunistas se acerquen estratégicamente unas a otras. Un ejemplo claro sucedió en 2018 con el impulso amplio de estos dos grupos a una consulta popular que terminaría desinstitucionalizando los órganos de control del país. Esta consulta propuso varios temas clave, incluyendo la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo responsable de nombrar a autoridades en puestos de control del estado como la Fiscalía General, Contraloría General, Consejo Judicial y Consejo Nacional Electoral. Esta transformación institucional aseguró a Moreno una gobernabilidad corrupta y nefasta. Y, para captar el apoyo de un electorado con un posicionamiento ambientalista, la consulta incluyó dos preguntas tokenísticas para evitar la explotación minera metálica y la extracción petrolera en el Yasuní que nunca llegaron a materializarse.

Otro ejemplo reciente fue durante la campaña presidencial de 2021 donde el ecologismo tuvo un peso importante en el debate político nacional. El ecologismo que prevaleció en estas elecciones fue aquel que se ubicó en un espacio ambiguo entre izquierda y derecha, y que pasó por alto que la lucha ecologista debe también combatir exclusiones sociales sistémicas y desigualdades históricas.

El ecologismo en el Ecuador se originó durante los 1980s y 1990s de amplias reivindicaciones populares, dio vida al movimiento que cuestionó el ambientalismo hegemónico, propuso atender la deuda ecológica, y visibilizó los impactos del extractivismo y del agronegocio desde una perspectiva de justicia socioecológica. Sin embargo, tras años de abierta confrontación con Correa y el giro anti-extractivo, el movimiento concluyó que un gobierno progresista (à la Correa) era equivalente a un gobierno de derecha neoliberal. Desde ese posicionamiento comulgó implícitamente con una agenda que promovía la desregularización financiera, la privatización de lo público y la reducción del estado; un posicionamiento que desatendió todo tipo de límite ideológico con el fin de eliminar a los oponentes en lugar de participar en una deliberación difícil pero muy necesaria.

Creemos que, de alguna manera, esta ambigüedad significó también la pérdida del eje programático e ideológico de la lucha popular antineoliberal de más de cuarenta años que renació en Octubre del 2019. Este posicionamiento confuso, despolitizado y altamente volátil ha favorecido la rápida cooptación de la agenda política por las élites nacionales, ya que se alinea con un guion bastante conocido de la austeridad neoliberal: mientras menos estado, mejor. Entonces, aquí es donde queremos ser claras: la lucha va por tener más de lo público y lo colectivo, nunca menos.

El lugar del ecologismo

La propuesta de minimizar el rol del estado sigue creciendo a pesar de la gravedad de la pandemia y lo importante de recuperar las capacidades estatales para guiar la política pública en este momento tan crítico. La pandemia de la Covid-19 nos ha dejado una lección clave: que el desafío principal del siglo XXI para Latinoamérica es garantizar la reproducción de la vida, el fortalecimiento de lo público y lo colectivo para asegurar condiciones de vida digna, la garantía de derechos humanos y la preservación de la naturaleza. Como dicen las pensadoras feministas Cinzia Arruzza y Titi Bhattacharya, en el estado actual de devastación, el estado es una herramienta fundamental hacia la construcción de lo común.

Cualquier demanda para reducir las capacidades público-estatales entra en contradicción con las mismas posiciones de una amplia iniciativa latinoamericano que ha tejido el Pacto Ecosocial del Sur. Esta iniciativa de transformación ecológica precisamente aboga por mayores impuestos al patrimonio, anulación de deudas externas, el rol activo del estado para la creación de un sistema de cuidados, la renta básica universal, entre otras. Para cumplir con estas demandas se requiere ineludiblemente de un estado regulador y operativo, no un estado completamente entregado a los intereses del capital o reducido a su mínima expresión.

Un ambientalismo despolitizado, ambiguo y sin un entendimiento de los retos sociales y económicos en el país y la región es una manifestación de cómo el neoliberalismo sigue permeando los espacios de izquierda. Lo hace cooptando al ambientalismo de la manera más insidiosa. De hecho, el ambientalismo y el neoliberalismo se unen a través de ciertas banderas rojas como las soluciones orientadas al mercado o privilegiando acciones privadas atomizadas y ajenas de la organización pública y colectiva, mientras se desmarcan de las condiciones geopolíticas, de soberanía, y políticas socioeconómicas.

Por el contrario, el ecologismo de izquierda y popular representa la posibilidad de plantear un modelo político, social y económico que priorice las condiciones reproductivas de la vida. Sostenemos que el proyecto ecologista de cualquier propuesta de país está más relacionado con la construcción de relaciones económicas, sociales y políticas y, como menciona David Harvey en El “Nuevo” Imperialismo, comprender cómo éstas producen también relaciones ecológicas. Un proyecto ecologista no debería ser simplemente la idealización simbólica de una “naturaleza” idílica y protegida, y donde se obvien las luchas anticapitalistas y las asimetrías de poder existentes a lo largo de las líneas de clase, coloniales, de género y raciales.

Aunque no se lo vea, la naturaleza siempre sostiene y es sostenida por relaciones de vida humana y no-humana. Créditos: Ailin Blasco / ailinblasco.com

Ciertamente el tema ambiental no puede desviarse de la crítica necesaria al capitalismo extractivo y del rechazo inequívoco a una agenda neoliberal. Ecuador es un país con muchísimos condicionantes geopolíticos debido a su ubicación en la división internacional del trabajo y las relaciones de poder, tanto endógenas como exógenas, que han sido marcadas por legados coloniales. Por tanto, es necesario preguntarse abiertamente, como lo hace Estefanía Martínez, si las posiciones ecologistas –que desafían la dominación de la naturaleza a través de fortalecer modelos de vida alternativos– pueden realmente emerger sin enfrentarse a las lógicas del capital que reproducen esta dominación. En ese contexto, recuperar el horizonte anti-capitalista es cada vez más urgente para escapar de dicotomías perversas.

Navegando las contradicciones y construyendo alianzas

Desde esa pugna entre las izquierdas es desde donde nos preguntamos ¿cómo se logran acuerdos, alianzas y, sobre todo, cómo se construye una base social y ecológica mutuamente transformadora?

En esta coyuntura, la elección de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a realizarse el próximo mayo, puede entenderse como una “segunda elección presidencial” vital para la lucha popular. El posicionamiento político de la dirigencia de la CONAIE será clave en los próximos cuatro años, porque esta organización ha demostrado ser el principal actor político con capacidad de movilización en la calle. Además su brazo político, Pachakutik, es la segunda fuerza política de la Asamblea Nacional.

El contexto interno de la CONAIE es complejo. Su dirigencia se estaría disputando entre varios clivajes del espectro ideológico. Creemos que no es nuestro lugar hablar sobre las disputas internas del movimiento indígena, pero como feministas y ecologistas de izquierda, es nuestro sentir posicionarnos sobre un elemento central que ha jugado un rol crítico en la política interna: el ecologismo.

Lo que se ha vuelto abrumadoramente claro es que la cuestión ecológica ya no es tangencial o de menor interés dentro de las decisiones políticas y económicas de ningún país. Una muestra de eso es el gigantesco revés planetario producto de la entrada de un virus de origen zoonótico a los flujos de capital mundiales, un virus expresado por las profundas alteraciones ecológicas que hoy vivimos. Entonces, enfrentar la crisis ecológica demanda politizar el discurso; pero no basta con considerar lo ecológico aislado de lo social-popular. Esto es una crítica y un reto para todas las izquierdas.

La búsqueda de una economía post-extractivista basada en la protección de la naturaleza, el Buen Vivir, la agroecología, el turismo sostenible y el reciclaje, necesita organizarse alrededor de la lucha por desmantelar las condiciones estructurales de dependencia del modelo económico global. Esto significa rechazar con total determinación políticas como la privatización del sector público, la desregulación financiera, el desmantelamiento del sistema cooperativo, los recortes de impuestos y la austeridad neoliberal. ¿Acaso lo ecológico no es económico y social también?

Para desafiar a la irrupción neoliberal en el Ecuador se necesita de una gran coalición de izquierda ecologista y popular que sostenga unificada la lucha en las instituciones, en las calles, en los lugares de trabajo y en los hogares, pues la arremetida de la derecha será agresiva. El cercano Octubre del 2019 nos recuerda que la respuesta neoliberal siempre es violenta y represiva.

Tal coalición amplia entre las izquierdas requiere abrir espacios de encuentro sostenidos y de absoluto respeto, crear una disputa dialéctica sin subordinaciones. El reto es romper con lo peor de la política autoritaria de Correa, reconocerla y confrontarla, pero también rehuir a la reducción del complejo ejercicio político a la moralidad, el sermón o la confrontación sin sentar las bases para la construcción de un sentido común colectivo.

Un proceso de re-construcción mutua es importante porque la fabricación de sentidos colectivos va más allá de la capacidad del estado en la lucha ecológica antineoliberal, feminista y antirracista. Más aún, la transformación siempre requerirá luchas multiescalares y conjuntas para asegurar que las propuestas no se deslocalicen de los contextos históricos y geográficos. El Pacto Ecosocial del Sur, por ejemplo, implica un proceso sostenido de fortalecimiento regional, anticolonial y geopolítico, algo que los progresismos en América Latina impulsaron fuertemente.

Marcha de las mujeres, Octubre 2019. Créditos: Iván Castaneira.

Es urgente una convergencia regional de los desafíos para cosechar alianzas largas y duraderas que sirvan de soporte a las luchas populares. La lucha de la izquierda ecologista requiere actuar en bloques regionales fortalecidos. No es suficiente generar una transformación ecológica a través de agendas puntuales en la construcción de un proyecto nacional, sino como una convergencia regional pan-Latinoamericana de justicia social y ambiental. Esta posibilidad lamentablemente se ha desvanecido por ahora en Ecuador con el triunfo electoral de Lasso.

Que esta pérdida amplia y dolorosa nos sirva para construir una reflexión minuciosa, balanceada y comprometida que nos permita recordar que ni el estado, ni el movimiento indígena o ambientalista son monolíticos. Una postura de solidaridad y compromiso es en efecto entender a los agentes políticos con todas sus contradicciones y las coyunturas con sus complejidades geográficas e históricas. Esta posición claramente no nos exime del escrutinio sobre el contenido político de los proyectos nacidos en todos los frentes de las izquierdas. La transformación social será siempre compleja, problemática e imperfecta.

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Diana Vela Almeida es investigadora postdoctoral en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y miembro del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. @DianaVelaA.
Melissa Moreano Venegas es profesora a tiempo completo en la Universidad Andina Simón Bolívar-Quito y miembro del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. @mel_moreano.

Foto de portada: Protestas nacionales Octubre 2019. Créditos: Iván Castaneira.