Por Diana Vela Almeida

El 1ro de octubre, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció una serie de medidas económicas para el país, incluidas la eliminación de los subsidios a la gasolina y al diesel y la liberalización de sus precios, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas medidas llevaron a la erupción de protestas masivas a lo largo de todo el país durante once días consecutivos, las cuales fueron reprimidas ferozmente por el gobierno. A pesar de la represión, las protestas fueron inquebrantables, logrando que el gobierno retroceda y derogue las medidas impopulares. Las protestas en Ecuador dejan lecciones importantes para pensar la justicia social dentro de las políticas ambientales, y de manera particular las políticas climáticas.

La historia lo ha demostrado varias veces, cuando las políticas ambientales no estás pensadas desde una perspectiva de justicia social, estas sólo sirven para perpetuar estructuras inequitativas y marginalizar a los más vulnerables. El campo de la ecología política ha sido vasto en este sentido. Vimos cómo las políticas de conservación de parques nacionales marginaron a miles de personas que habitaban esos espacios, vimos también cómo las nuevas economías circulares o de innovación, presentadas como soluciones ambientales, realmente no responden a los problemas estructurales del sistema capitalista que fomenta el crecimiento económico, la expansión de las fronteras extractivas y el aumento de la contaminación global.

Entre las soluciones ambientales propuestas para combatir el cambio climático se encuentra la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. La lógica es simple, pero, como explicaré más adelante, perversa: al eliminar el subsidio, el costo de los combustibles fósiles aumenta, lo que daría como resultado una disminución relativa del consumo y, por lo tanto, menos contaminación y emisiones de carbono. Esto también podría alentar la innovación tecnológica para mayor uso de las energías renovables y vehículos de combustión limpia. Sin embargo, cuando estas soluciones se implementan en una sociedad altamente desigual, como la ecuatoriana, la siguiente pregunta debería ser: si el alto costo de los combustibles puede restringir el consumo, ¿quién tendría la capacidad de mantener los mismos niveles de consumo? y ¿quién, con poder adquisitivo limitado, estaría restringido? Y ¿cuáles son las consecuencias? Desafortunadamente, aquellos que proponen este tipo de soluciones ambientales rara vez se preguntan esto. Esto da cuenta de que las políticas ambientales que no toman en cuentan inequidades sociales son problemáticas, especialmente porque “las personas más ricas, incluso las ‘más verdes’, producen más emisión de carbono“.

Las protestas no solo eran sobre la eliminación de subsidios de gasolina y diesel, sino también contra las medidas de austeridad promovidas por el FMI e implantadas muchas veces antes, así como los modelos extractivistas de la economía. Crédito: Ivan Castaneira (2019)

El caso de Ecuador es un ejemplo de este tipo de lógica perversa. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en junio de este año, menciona que reemplazar los subsidios a los combustibles fósiles con un mayor gasto social en Ecuador puede convertirse en una herramienta eficaz con resultados triples: abordar el cambio climático, mejorar las condiciones sociales y resolver problema fiscal del país. Esta propuesta surge del argumento de que, en los últimos 10 años, Ecuador ha gastado el 7% de su presupuesto nacional para subsidiar los combustibles fósiles. Si el gobierno retirase estos subsidios, se podría aliviar el déficit de inversión social y la deuda acumulada del país. Para apoyar el argumento ambiental, el estudio cita una investigación realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de mayo de este año, explicando que la emisión de gases de efecto invernadero y otros costos ambientales son mayores que el costo fiscal de mantener el subsidio. Sin embargo, las estimaciones para Ecuador no se incluyen en este análisis.

Quizás irónicamente, estas mismas organizaciones han promovido ajustes estructurales devastadores en economías nacionales altamente vulnerables en todo el mundo. En marzo de este año, el gobierno ecuatoriano firmó una carta de intención con el FMI para recibir US $ 4,2 mil millones en préstamos para cubrir el déficit fiscal del país. Entre las políticas económicas condicionantes impuestas, se encuentran las reformas estructurales para eliminar los subsidios a la gasolina y al diesel. Eso representa un aumento de precio de 29,7% para la gasolina y de 123% para el diésel, este último utilizado de forma masiva para el transporte público, el transporte pesado de mercancías y de maquinaria agrícola. Esta medida afecta directamente a las economías de subsistencia de las familias pobres y de clase media en Ecuador al aumentar los costos de transporte público y tendría un efecto inflacionario en los costos de producción de alimentos y otros bienes de consumo diario.

El gobierno nacional nunca posicionó el ajuste estructural desde un punto de vista ambiental sino económico. Sin embargo, los economistas heterodoxos en Ecuador han advertido que el aumento en los costos de los bienes, junto con la disminución en el poder adquisitivo de los ecuatorianos debido a otras políticas económicas neoliberales adoptadas por el gobierno nacional, tendrá un efecto en la capacidad productiva del país, lo que perpetuará un círculo vicioso de pobreza creciente. Este fenómeno económico, junto con la reducción de la inversión pública, compromete seriamente las condiciones de vida reales de las personas y, por lo tanto, refuta el argumento del BID de que la eliminación de los subsidios a los combustibles puede generar beneficios sociales.

Los manifestantes también resaltaron la corrupción sistémica que ha empobrecido a Ecuador. Crédito: Ivan Castaneira (2019)

De hecho, las políticas de ajuste estructural del FMI han destruido las economías nacionales en todo el mundo. Una investigación publicada este año analizó las políticas económicas impuestas por el FMI entre 1980 y 2014 en 135 países en desarrollo y mostró que los ajustes estructurales del FMI aumentan las desigualdades entre los ricos y los pobres. Es decir, estas medidas económicas no resuelven problemas sociales, sino que los aumentan.

La principal justificación dada por el gobierno nacional para la eliminación de subsidios fue el problema fiscal de Ecuador. Sin embargo, las mismas políticas económicas propuestas por el FMI incluyeron reformas para reducir el impuesto sobre la renta y otras excepciones fiscales a las grandes empresas del país, la privatización de empresas públicas altamente rentables, así como la reducción del impuesto a la salida de capitales que evita la fuga de capital fuera del país y busca proteger la balanza de pagos del país y la precaria economía dolarizada. En otras palabras, si la eliminación de los subsidios estaba destinada a aliviar el déficit económico, es una contradicción querer proteger la economía vulnerable del país implementando otras medidas bajo el mismo acuerdo con el FMI que sólo favorecen los intereses de las élites económicas, en detrimento de la mayoría de la gente.

Es comprensible, entonces, la razón por la que en Ecuador estallaron grandes protestas callejeras en las últimas semanas. Los principales actores políticos fueron los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, los movimientos de trabajadores, los movimientos feministas populares, los estudiantes y los pobres. De hecho, ya hemos visto un rechazo masivo contra este tipo de políticas neoliberales en otros países. Francia experimentó la “marcha de los chalecos amarillos” en 2018, que incluyó la demanda de retirar las reformas económicas sobre los precios del combustible. México también experimentó el “gasolinazo” en 2017 contra las mismas políticas antipopulares. En todos los casos, las protestas contra los altos precios del combustible se basaron en la carga desproporcionada que estas políticas económicas tendrían sobre los grupos vulnerables.

El tercer objetivo de eliminar los subsidios estaba relacionado con la lucha contra el cambio climático. Si bien los subsidios a los combustibles fósiles son un problema ambiental crítico, cualquier política que los aborde debe tener en cuenta la complejidad del problema, y debe ​​hacerlo a través de una planificación organizada, con compromisos claros a largo plazo y que garanticen la justicia social. La reducción del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles es una prioridad global, pero debe considerarse desde una posición basada en una transición justa. En el caso de Ecuador, esto implicaría subsidios focalizados para el transporte público, alimentos y otros bienes, a fin de no afectar a la gran mayoría de los ecuatorianos. También es necesario discutir una política que fortalezca el uso del transporte público, que utilice formas de energía más limpias y que genere las condiciones de seguridad para desalentar el uso de transporte privado en el país. Aunque trabajar en estas políticas es urgente, la reducción del consumo de combustibles fósiles representa principalmente una solución simbólica para el país en comparación con los principales emisores de carbono en el mundo. El verdadero desafío para Ecuador es imaginar políticas económicamente justas a largo plazo que permitan mantener el petróleo bajo el suelo y que al mismo tiempo protejan las condiciones de vida dignas y las necesidades sociales de las personas.

Mapa del paro nacional del 8 de octubre, mostrando áreas de resistencia y represión. Crédito: Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador

Lo que sucedió en Ecuador es un recordatorio de que la lucha ambiental no puede separarse de la lucha social. Hay varios paralelos entre las dos porque éstas se enfrentan al mismo enemigo estructural: un sistema socioeconómico jerárquico y altamente desigual. Por ejemplo, en las discusiones sobre el cambio climático se hace un llamado a la “responsabilidad compartida”, mientras aquellos que desean abordar la crisis económica sugieren que “todos debemos poner el hombro”. En ambos casos, los responsables de las crisis y los que deben soportar las consecuencias y los costos son diferentes. Es negligente cuando países responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero asumen que los países en desarrollo tienen las mismas responsabilidades para buscar soluciones. Del mismo modo, es inmoral obligar a los más pobres a asumir el costo social de las políticas económicas de un gobierno que beneficia a las élites económicas.

A pesar de las protestas masivas y el rechazo a nivel nacional contra las políticas del FMI, algunas personas sensibles a los problemas ambientales han apoyado las reformas económicas del gobierno ya que las consideraban soluciones ambientales importantes. Este tipo de ambientalismo liberal no se ha construido a partir de una comprensión de las complejidades sociales, económicas y políticas del problema y solo comprende la lucha ambiental en el vacío, en la abstracción de soluciones sin cuidado. Este ambientalismo genera mucho daño porque alimenta las causas estructurales del problema.

La lucha contra el cambio climático requiere construir una nueva propuesta ecológica que comience por reconocer las condiciones materiales de las personas y las formas plurales de relaciones sociales. El enemigo común es el modo de producción capitalista, que no solo usurpa la posibilidad de tener una vida digna para las personas, sino que también irrumpe en la naturaleza y la transforma en mercancías sujetas a apropiación. Es en este reconocimiento que se deben guiar las políticas ambientales.

Diana Vela Almeida es investigadora postdoctoral en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y miembro del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.